La Lista Restringida de Cuba (CRL), conocida como la lista negra del Departamento de Estado, fue creada en 2017 e incluye a 220 entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos o empresas de EE.UU. por su vínculo con el conglomerado empresarial militar GAESA, que dirige el general Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro.
Cuba culpa al Gobierno de EE.UU. de la suspensión del envío de remesas a la Isla sin aclarar qué gestiones ha hecho para sustituir a Fincimex por un organismo ajeno a la cúpula militar sancionada.
En su comunicado, Western Union avanzó que estaba estudiando otras vías para no suspender el servicio de envío de remesas a Cuba. “Le aseguramos que estamos explorando todas las alternativas posibles para continuar ayudándole a enviar su cariño y apoyo a las personas en Cuba”.
El NTV recordó ayer que en octubre la compañía anunció el cierre de sus oficinas en respuesta a la prohibición de negociar con la contraparte cubana, obviando el detalle de que esa contraparte está controlada por los militares.
El Gobierno de Cuba interpreta de esta forma el comunicado hecho público por Western Union en el que la compañía se limitaba a recordar que está “obligada a cumplir con todos los reglamentos gubernamentales”, en alusión al veto a Fincimex.
Ya el 27 de octubre, Fincimex anunció que cerraría 407 sucursales de Western Union en Cuba tras las sanciones dispuestas por Estados Unidos para evitar el control de los militares cubanos sobre la distribución de remesas.
Un documento de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció hace unos días que a partir del 27 de noviembre se suspendería el envío de remesas a Cuba a través de compañías controladas por los militares cubanos.
En declaraciones a CiberCuba, Western Union manifestó que su objetivo es continuar brindando servicios esenciales de transferencia de dinero a los clientes, muchos de los cuales dependen de las remesas para vivir.
Las remesas son la segunda fuente de ingresos de la economía cubana y alcanzan la cifra de $3.500 millones al año.
